Los diputados de Juntos por Entre Ríos rubricaron hoy el despacho de comisión que reforma la recientemente sancionada Ley de Concesiones. La modificación habilita a transferir a manos de terceros públicos o privados, nacionales o extranjeros, actividades y funciones irrenunciables del Estado.
Bajo la excusa de buscar “herramientas” para el Poder Ejecutivo, pretenden entregar a la lógica del lucro mercantilista funciones que la propia Constitución reserva al Estado.
La iniciativa propone concesionar la educación pública en todos sus niveles, salud pública y servicios sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, servicios vinculados a la administración de justicia y el sistema penitenciario.
El Gremio repudia las expresiones y la actitud de las y los legisladores oficialistas que pretenden naturalizar la entrega del patrimonio público, admitiendo sin tapujos que este proyecto responde a un pedido directo del Poder Ejecutivo y que abren el camino para que capitales privados —incluso extranjeros— pasen a gestionar servicios que deben ser públicos.
La experiencia histórica en nuestro país y en la provincia demuestra que las privatizaciones y concesiones de servicios públicos solo trajeron desempleo, vaciamiento, deterioro del servicio y pérdidas millonarias para el erario público.
ATE llama a la reflexión a la totalidad de las y los legisladores para que detengan este atropello inconstitucional antes de su tratamiento definitivo. Salud, Educación, Seguridad y Justicia no son mercancías, son derechos humanos que el Estado debe garantizar.