Se realizó esta mañana, en la sede del Sindicato, un plenario de trabajadores de comedores escolares. El debate se centró en: condiciones laborales, el funcionamiento de los comedores, la implementación del nuevo sistema, entre otros puntos.
La situación es crítica, producto del sostenido desfinanciamiento, la insuficiencia de partidas alimentarias y la precarización laboral.
“El Gobierno provincial intenta administrar la crisis reduciendo costos, en lugar de garantizar mayor inversión y recursos acordes a las necesidades actuales. Las partidas alimentarias no alcanzan y el sistema funciona gracias al enorme esfuerzo de trabajadoras y trabajadores precarizados”, manifestaron en el plenario.
Un debate importante giró en torno a las graves consecuencias —tanto nutricionales como laborales— que traería el acuerdo con la empresa de Buenos Aires Teknofood.
Las y los trabajadores ratificaron su rechazo a la política privatizadora de Frigerio y respaldaron la medida cautelar de la Justicia que frenó el avance de esta concesión.
ATE sostiene que el problema central es el ajuste y el desfinanciamiento de las políticas públicas. No se puede seguir descargando la crisis sobre los sectores más vulnerables ni sobre las y los trabajadores estatales.
Según expresó la ministra de Desarrollo Humano, el negocio de Frigerio con Teknofood, le sale más caro a las y los entrerrianos y, además, de perjudicar la salud de las y los gurises, la continuidad laboral y al mercado local.
Relevamiento
El debate ratificó el resultado del relevamiento realizado por el Sindicato sobre la situación de los comedores: falta de personal, sobrecarga laboral ante matrículas elevadas, deficiencias edilicias, pérdidas de agua, artefactos deteriorados y la necesidad urgente de mantenimiento en cocinas, hornos y conexiones de gas.
El gobierno no es ajeno a esta situación. Sin embargo, todo sigue igual y a Frigerio sólo le importa ajustar y concesionar.
La alimentación saludable es un derecho, no un privilegio
La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga al Estado a garantizar su derecho a la salud y el acceso a acciones de prevención y promoción.
La Ley 25.724, que crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, establece expresamente el deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación.
A su vez, la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable reconoce el derecho a una alimentación adecuada, promueve la prevención de la malnutrición y establece obligaciones específicas para generar entornos escolares saludables, incluyendo educación alimentaria y restricciones sobre productos con sellos de advertencia.
Por eso, sostenemos que garantizar alimentación saludable también implica defender políticas públicas, presupuesto, trabajadores capacitados y condiciones dignas para quienes sostienen diariamente estos derechos.
La salud y la alimentación no pueden quedar libradas al mercado ni al esfuerzo individual. Son derechos. Y los derechos se garantizan con políticas públicas y con un Estado presente.
Garantizar una alimentación saludable también implica defender políticas públicas, presupuesto, trabajadores capacitados y condiciones dignas para quienes sostienen diariamente estos derechos. La salud y la alimentación no pueden quedar libradas al mercado ni al esfuerzo individual. Son derechos. Y los derechos se garantizan con políticas públicas y con un Estado presente.