Con el objetivo de dar a conocer un borrador de la modificación de la Ley 8732, del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, que el gobernador Rogelio Frigerio pronto enviará a la Legislatura, el gobierno convocó a una reunión informativa a los gremios estatales para presentar los lineamientos centrales de dicha reforma.
La reunión se mantuvo con Rogelio Frigerio, en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, en la mañana de este miércoles. Allí el gobernador se expresó sobre los temas que ya se habían adelantado por la prensa local (cambio en la edad jubilatoria y movilidad), pero fundamentalmente en la necesidad de reformar la Ley de Jubilaciones y Pensiones.
La reunión fue cerrada, con la participación de solo dos representantes por sindicato. Por ATE estuvieron presentes: el Secretario General, Oscar Muntes, y el Secretario de Organización, Víctor Sartori.
Muntes, comentó que el gobernador se explayó en la necesidad de la Reforma Jubilatoria, pero sin presentar ningún proyecto. “Hubo intercambios, hubo coincidencias y diferencias”. El Secretario General, explicó que las diferencias fundamentales estuvieron en “el cómo construir los fondos para achicar el déficit”. También, comentó que Frigerio no salió de la idea de ajustar a los que menos tienen. De hecho, “rechazó de plano la propuesta del Sindicato de gravar a los sectores que más se benefician con la política oficial”.
De la reunión con el gobernador, ATE Entre Ríos sigue sosteniendo:
• Que la reforma de la Ley 8732, propuestas por el gobierno provincial, representan un ajuste directo sobre los ingresos de los trabajadores activos y jubilados.
• Que es un engaño decir que el colapso de la Caja se deba al déficit. El déficit es importante, pero no lo generan los trabajadores y trabajadoras. Más bien, es una consecuencia y no la causa por la que los trabajadores deban pagar. El “bache financiero” es una obligación legal del patrón (el Estado) y no una “deuda” de los empleados.
• Que el déficit debería cubrirse mediante una mayor carga impositiva a los sectores económicos concentrados y beneficiado con las políticas económicas oficiales y no recortando derechos o aumentando aportes de los asalariados.
• Que el gobierno utiliza el argumento del déficit para “demonizar” a los y las estatales, presentándolos como culpables de la crisis cuando, en realidad, son quienes han sostenido el sistema con sus aportes históricos.