ATE Y LA CTA AUTONOMA CONVOCAN A MARCHAR JUNTO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA

   El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado  y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Entre Ríos, convocan a la movilización que se llevará adelante a partir de las 17 desde la plaza 1 de mayo de la ciudad de Paraná, en consonancia con la movilización nacional.

   El conflicto en las universidades públicas de Argentina comenzó hace unos meses disparado por la negativa del gobierno nacional a discutir la recomposición salarial de los docentes universitarios. Hoy se suman al reclamo los estudiantes y el conjunto de la comunidad universitaria que denuncia recortes, subjecución del presupuesto y falta de políticas de contención para los estudiantes.

   La oferta inicial del Gobierno a los docentes universitarios fue del 15% en tres tramos (5% en mayo y 5,8% en agosto -ya dados unilateralmente- y un 4,2% adicional en octubre).

   Una oferta, que a diferencia de lo ocurrido en 2017, no tiene cláusula gatillo, es decir, que no habría nuevos aumentos que se disparen si la inflación supera la suba salarial acordada inicialmente, algo que tanto el Gobierno como consultoras privadas prevén que pasará este año.

   Los principales pedidos de los gremios son un aumento salarial por encima del 30% y una cláusula gatillo de actualización por inflación.

La inflación por ascensor, el salario por escalera

   Lejos está el índice inflacionario de los pronósticos del gobierno plasmados en el presupuesto 2018 que ubicaba la inflación interanual promedio será del 15,7%.

   Nicolas Dujovne afirmaba en aquel entonces que “creemos que la inflación en Argentina seguirá bajando, por eso vamos a trabajar en función de las metas de inflación del Banco Central que para el año 2018 prevén un objetivo del 10% con un desvío hacia arriba o hacia abajo de 2%. Eso arroja un promedio anual para el IPC del 15,7%”.

   Pero la realidad fue otra y según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (donde se miden las expectativas de cerca de 50 consultoras y especialistas), en 2018 la inflación sería del 31,8 por ciento.

   Ante esta realidad el atraso salarial es inocultable y el freno al aumento docente no tiene punto de argumentación posible.

Bajos salarios y presupuesto recortado

   El debate por el salario dio lugar también a una discusión más amplia sobre el difícil momento que pasan las universidades por las políticas de ajuste impulsadas por el macrismo.

   Según el informe elaborado por el IEC-CONADU (Comisión Nacional de Docentes Universitarios) sobre la base de datos disponibles en la Secretaria de Políticas Universitarias y Ministerio de Hacienda para este año 2018, de acuerdo a la Ley de Presupuesto, las universidades contaban con un presupuesto total de $107 mil millones. En lo que va del año, ese presupuesto fue recortado en $1.056,4 millones.

   De este total $656 millones fueron quitados del presupuesto de la SPU (Secretaria de Políticas Universitarias) y los $400 millones restantes a otros programas y jurisdicciones.

El recorte del presupuesto de la Secretaria de Políticas Universitarias afecta especialmente a las áreas de:

  • Proyectos Especiales (-90,9%)
  • Infraestructura (-40,3%)
  • Conducción, gestión y apoyo a las políticas de educación superior (-31,2%)
  • Fomento a la actividad de investigación de los docentes universitarios (-3,7%)
  • Programa Bec.Ar (93,7%)
  • Gastos para Funcionamiento (73,3%)
  • Investigación de los Docentes Universitarios (53,5%)
  • Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5%)
  • Desarrollo de Proyectos Especiales (100%)

En las universidades no sobra nada

   Pero más allá de la política de ahogo y recortes, la comunidad universitaria denuncia que otro mecanismo de ajuste viene siendo el de la subejecución presupuestaria. Se gasta incluso menos de lo que está acordado por el presupuesto nacional.

   El nivel de ejecución del presupuesto en el primer semestre de 2018 fue más bajo que el alcanzado en los últimos tres años, producto de este mecanismo de subejecución presupuestaria.
Esto provocó que durante el año 2016 y 2017 el nivel de ejecución del presupuesto fuese el más bajo del período 2007/2017.

   De lo que estaba presupuestado quedaron sin ejecutar $700 millones destinados al a las universidades en 2016, y $738 millones en 2017.

  Como si sobrara plata en las universidades o no hubiese necesidades que cubrir con esa plata.

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