MULTITUDINARIA MARCHA EN UNIDAD A 41 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

Se trató del acto que por primera vez después de más de diez años, no tuvo divisiones en otros actos, y eso fue el resultado del acuerdo entre los partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, gremios, colectivos diversos que se sumaron a recordar el golpe de Estado, repudiar a sus ejecutores y exigir que se siga haciendo justicia a través de los juicios a represores.

La Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Entre Ríos fueron parte activa de este importante acuerdo, convencidos que la unidad se impone ante un contexto lleno de acechanzas para los sectores populares y al conjunto de lxs trabajadorxs.

 

Documento de la Multisectorial de Derechos Humanos

24 de marzo de 2017

A 41 años del último golpe cívico-militar estamos nuevamente en la calle para levantar bien alto la memoria de las compañeras y compañeros desaparecidos, para reivindicar su lucha y sus ideales, para abrazar a sus madres, para gritar bien fuerte: ¡son 30.000! ¡Fue genocidio!

Porque la dictadura cívico militar desplegó su aparato represivo sobre el conjunto de la sociedad argentina, con el objetivo de instaurar mediante un plan sistemático de exterminio un modelo de país cada vez más endeudado, dependiente, primarizado y sin industria nacional; un modelo de país en el plano económico, pero también en el político y en el cultural. Para lograrlo organizó e implementó la eliminación física de militantes políticos que sostenían diferentes expresiones de luchas de liberación, tanto en las fábricas, universidades, barrios y partidos y organizaciones políticas populares.

Existió un plan, ideado y ejecutado por civiles, militares y jerarcas de la iglesia católica, que dejó 30.000 personas desaparecidas, 500 separadas de sus padres al nacer, cientos de miles de exiliadas y otras tantas presas políticas y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y tortura con graves secuelas físicas y psicológicas.

Ese plan sistemático de represión ilegal, hoy ya probado en numerosas causas judiciales con sentencia firme, incluyó en forma masiva secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, robo de bebés y sustitución de identidades, apropiación de bienes y ocultamiento de los cuerpos de las víctimas y de toda prueba de los delitos cometidos con la pretensión de asegurar la impunidad de los autores materiales e intelectuales.

Las fuerzas armadas y de seguridad llevaron adelante la represión en forma ilegal, clandestina, sistemática y secreta, con la utilización de todo el aparato del Estado. En el marco de la implementación de la doctrina de seguridad nacional en nuestro país y toda América Latina, montaron más de 600 centros clandestinos de detención y tortura.

Estas sistemáticas violaciones a los derechos humanos son consideradas crímenes de lesa humanidad por la comunidad judicial internacional. Por su gravedad, ofenden a la condición humana.

Quienes hoy marchamos juntos en las calles hemos tenido, y tenemos, diferencias. No renunciamos a ellas, ni a nuestras identidades políticas. Aún así marchamos juntos porque compartimos la comprensión de que así lo requiere el momento político. El gobierno de Macri y su gabinete de CEO´s ha hecho de la negación del genocidio una política de Estado. Buscan construir un relato histórico cuyo objetivo es frenar la lucha por memoria, verdad y justicia; dar vuelta una página, clausurar los juicios para que reine la impunidad. Expresan así un viejo anhelo de la clase dominante. Basta recordar la editorial del diario La Nación que clamaba cínicamente “no más venganza”, o ver desfilar por televisión a personajes ligados a la dictadura genocida que pretenden convertir en victimarios a quienes sufrieron la persecución y la muerte de manos de un Estado terrorista.

La negación del genocidio persigue, además, el objetivo de preparar el terreno ideológico para la represión de hoy. Las políticas de ajuste que vienen generando una enorme transferencia de riquezas desde los trabajadores y sectores populares hacia el agronegocio, el capital financiero y otras expresiones de la burguesía más concentrada, han encontrado la resistencia de miles en las calles como quedó demostrado en las históricas jornadas del 6, 7 y 8 de marzo y en la Marcha Federal Docente del 22. Por eso buscan generar consenso en torno a las políticas represivas.

Estamos nuevamente en la calle para exigirle al gobierno nacional el fin de las provocaciones contra los organismos de derechos humanos que durante 40 años lucharon junto a todo el pueblo para que no haya impunidad. Que mantenga las leyes, áreas y programas que, sostenidas por la movilización popular, permitieron condenar a más de 700 represores y que contribuyeron a restituir la identidad de 121 jóvenes apropiados, identificar los restos de los desaparecidos y recuperar como espacios de memoria los ex centros clandestinos de detención y tortura.

El intento de Macri de modificar la inamovilidad del feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las declaraciones negacionistas del funcionario de la aduana y ex carapintada Juan José Gómez Centurión, que provocaron el repudio y pedido de renuncia de parte de autoridades de derechos humanos de 13 provincias; la postulación como representante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del abogado Carlos Horacio de Casas, cuya única participación en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que protagonizó nuestro país consistió en haber sido defensor del represor y genocida Enrique Gómez Saa, no son medidas ni dichos aislados. Son el correlato empírico del discurso del Presidente Macri, que llama “guerra sucia” al Terrorismo de Estado y de una corporación político-mediática que pretende restituir la Teoría de los Dos Demonios para relativizar el genocidio. Así la alianza Cambiemos busca retroceder sobre las conquistas históricas alcanzadas tras décadas de lucha del pueblo argentino.

Denunciamos el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que se fueron forjando durante estos últimos años por la lucha popular, que no sólo son un insumo para las investigaciones que se llevan ante el Poder Judicial sino que son una forma más de reparación a las víctimas y familiares por parte del Estado. Así también denunciamos y repudiamos el despido de cientos de compañeros y compañeras de las áreas dedicadas a la investigación, acompañamiento, desarrollo y avance de los juicios sobre los delitos de lesa humanidad, y la eliminación aquellas destinadas a la investigación de crímenes económicos que demostraban la participación civil-empresarial.

Por eso afirmamos que nos gobiernan  grupos de poder que llevaron adelante la dictadura genocida, los que todavía no terminamos de llevar ante los tribunales judiciales, los que entregaron las listas de los delegados gremiales de las fábricas a sus socios de uniforme, los que llenaron sus cuentas bancarias a costa de la sangre de los desaparecidos y desaparecidas. Son ellos: los Blaquier, los Massot, los Herrera de Noble, los Magnetto, los Macri. Niegan el genocidio porque no pueden auto incriminarse. Niegan el plan sistemático porque no pueden reconocer que estuvieron ellos detrás de la planificación, porque todavía se siguen ocultando detrás de los muros de los centros clandestinos de detención y tortura.

Quiénes estaban en la otra punta de la picana eran las bestias de las fuerzas armadas y de seguridad, pero también estaban ellos: los que definían las políticas económicas que le robaban a los pobres para darle a los ricos, los que multiplicaban la deuda externa pública y estatizaban la privada, los que definían un modelo de país en lo político, económico, cultural y social en el que sobrábamos las mayorías populares.

Hoy volvieron empujados por una ola neoliberal internacional en las que nadan a gusto. La misma ola que persigue y asesina dirigentes políticos, estudiantes, campesinos y de los pueblos originarios de todo el continente. Somos un solo pueblo y rechazamos todo intento de persecución de nuestros hermanos inmigrantes en nuestro país y en cualquier parte del mundo. En unidad latinoamericana seguimos denunciando cualquier intervención o injerencia imperialista contra nuestros pueblos. Y ante ello demostraremos nuestra solidaridad militante en cada ocasión y circunstancia que suceda, abrazando la resistencia de los pueblos en lucha.

Son esencialmente los mismos de aquellos años que ahora, vestidos de ropaje electoral, profundizan desde el Estado la primarización de la economía, destruyendo la industria nacional y el empleo, abriendo las importaciones indiscriminadamente a los bienes de consumo, elimininando o disminuyendo las retenciones agropecuarias, petroleras y mineras. Son esencialmente los mismos que se muestran blandos y hocican con los fondos buitres y los intereses foráneos que medran sobre una deuda externa ilegítima, pero son duros y altaneros en la política interna para pagar salarios dignos que mínimamente alcancen la línea de pobreza.

Son los mismos de aquellos años que ahora, avanzando sobre sus posiciones retrógradas y conservadoras, en una muestra de desprecio a la gesta histórica del pueblo en los tiempos de la independencia, se confiesan condolidos con los usurpadores de la tierra americana ante el rey de España. Son los mismos de aquellos años que en relación a la disputa con gran Bretaña por las Islas Malvinas han expresado que no entienden “los problemas de soberanía en un país tan grande como el nuestro”.

A 35 años de la guerra del Atlántico Sur debemos alertar sobre el peligro que supone la política de entrega de la soberanía nacional del gobierno de Macri. El bajar de rango la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas es un ejemplo, que nos lleva a sumar nuestra voz a la de los combatientes que han denunciado el inicio de un nuevo proceso de desmalvinización en pos de favorecer las relaciones comerciales con Gran Bretaña. Exigimos que se continúe con la política de identificación de los caídos enterrados en el cementerio de Darwin, política que cuenta con el apoyo de la Cruz Roja internacional. No permitiremos el olvido de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la oficialidad contra los soldados y colimbas durante el conflicto y seguimos acompañando la presentación ante la CIDH para que se investiguen las cientos de denuncias presentadas en los juzgados de Tierra del Fuego.

Reafirmamos el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

La ofensiva del gobierno neoliberal de la alianza Cambiemos avanza sobre todas las conquistas en materia de derechos humanos. Repudiamos la persecución, represión y criminalización de los militantes sociales, políticos y gremiales. Entendemos que este es el mecanismo para disciplinar a los sectores que resisten a la imposición de un modelo que nuevamente lleva a la exclusión de las grandes mayorías populares. Por eso seguimos exigiendo el desprocesamiento de más de 4.000 luchadores populares en todo el país, y la inmediata derogación de la ley antiterrorista. Expresamos nuestro enérgico repudio a cualquier intento de limitar el legítimo derecho a la protesta social, como los protocolos anti – piquetes de la ministra Patricia Bullrich.

Exigimos con nuestra mayor fuerza la inmediata liberación de Milagro Sala y los compañeros tupaqueros. Milagro lleva detenida 433 días de forma injusta e ilegal por el gobierno radical (alianza Cambiemos, UCR, PRO, Frente Renovador) de Gerardo Morales en complicidad con el Poder Judicial de la provincia de Jujuy y de la Nación. Desconocen a los organismos internacionales de Derechos Humanos, se colocan por fuera de las normas internacionales e ignoran los principios en materia jurídica, al tiempo que aislan las instituciones nacionales de todo avance en materia de derechos humanos a nivel internacional. Hay una paradoja que describe perfectamente a este gobierno: mientras una luchadora social como Milagro está presa, el genocida Carlos Pedro Blaquier, socio de la dictadura en Jujuy, está libre. El empresario está acusado por crímenes de lesa humanidad por la desaparición de veinte obreros de su ingenio Ledesma durante “La Noche del Apagón”, y hoy es un aliado y socio de Morales y de Macri. Blaquier es parte del bloque de poder empresarial al que responden el presidente, el gobenardor jujeño y el Poder Judicial.

Los organismos que marchamos este 24 de marzo apoyamos y acompañamos el reclamo de los docentes en todo el país, repudiamos los hechos persecutorios emprendidos por el gobierno nacional hacia los dirigentes gremiales dignificados en la lucha, exigimos la apertura de paritarias nacionales. En nuestra provincia también sufrimos las consecuencias del ajuste, que se expresa en la oferta salarial a los docentes y trabajadores del Estado provincial del 6% y del 18% para todo el año, que se intenta aplicar por decreto. Denunciamos los descuentos y prácticas que atentan contra el derecho a huelga en nuestra provincia y exigimos para materializar el aumento que las y los trabajadores nos merecemos, se reclame la coparticipación del 34% establecida por la Constitución. Las y los que hoy nos encontramos en la calle expresamos nuestro repudio a cualquier intento de aplicar ajustes en cada rincón de nuestra provincia y en esta línea nos solidarizamos con los trabajadores de Cotapa, Entre Rios Crushing, Cooperativas de la construcción, El Diario, Lt14, Radio la Baxada y todas las luchas que se llevan adelante.

El ajuste que lleva adelante el Gobierno de Macri y que sufre la clase obrera en general se expresa en los más de 200.000 despidos del sector público y privado; en las industrias que día a día frenan su producción, cierran sus puertas y suspenden trabajadoras y trabajadores; en las pymes que sufren la caída del consumo, la apertura de las importaciones y los tarifazos.

En lo referente al estado municipal de Paraná denunciamos el abandono en materia de derechos humanos, el vaciamiento de las políticas de género, la persecución a la cooperativa “Nueva Vida”, la protección a funcionarios con denuncias por violencia de género contra las cooperativistas, los despidos y el tarifazo. Acompañamos el reclamo de los trabajadores y trabajadoras que vienen manifestándose desde la Asamblea por el Derecho a la Cultura en contra del vaciamiento cultural de Paraná y la ausencia de políticas culturales.

Debemos advertir sobre una serie de hechos nefastos que configuran lo peor de la política: el número creciente de funcionarios municipales denunciados por diversos delitos y los más preocupantes de todos ellos, los ligados a casos de narcotráfico. Desde diferentes espacios se advirtió sobre la vinculación entre el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos en la ciudad y el negocio de la droga. Exigimos que las investigaciones judiciales en este sentido no caigan en saco roto y expresamos que no permitiremos que nuestra ciudad se constituya en un Narco Estado.

Cuando el contexto político lo favorece, recrudecen los episodios de violencia institucional. La Policía de Entre Ríos actúa cada vez con mayor violencia y arbitrariedad, somete a los jóvenes a apremios ilegales, sobre todo a los pertenecientes a los barrios más humildes, y hay comisarías de nuestra provincia en las que se practica la tortura. Exigimos pleno respeto por los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, sometimiento de la policía al control y conducción política, derogación de la inconstitucional Ley de Contravenciones y creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura para inspeccionar las cárceles y erradicar condiciones indignas de detención.

En el mismo sentido, reclamamos justicia por las desapariciones en democracia de Héctor Gómez y Martín Basualdo y el asesinato de Totín Pérez, aparición de los restos de Elías Gorosito y enjuiciamiento a los responsables políticos de los asesinados en diciembre de 2001 Romina Ituraín, Eloisa Paniagua y José Daniel Rodríguez. La represión de la Alianza en Entre Ríos no debe quedar impune, menos aún cuando muchos del elenco gobernante en aquellos años hoy volvieron con la Alianza Cambiemos.

Recuperar la memoria desde una perspectiva feminista no solo es una urgencia, sino una responsabilidad política que nos involucra a todos y todas como sociedad. La dictadura intentó reinstalar o reforzar un imaginario social que concebía roles de género dicotómicos. Hubo una exaltación del rol de la mujer-madre en la casa, su función reproductiva y doméstica. La mujer no era competente para el ámbito público, y por eso las denominadas “subversivas” representaban no solo la ruptura de un orden social desigual y capitalista, sino un quiebre con el modelo de familia patriarcal.

En el mundo, este 8 de marzo por primera vez el movimiento de mujeres y movimiento de obreras se unieron en un solo grito para decir ¡basta! ¡Vivas nos queremos! Porque este año, en nuestro país, ya sufrimos 57 femicidios en apenas de 43 días y pasando de un femicidio cada 26 horas, a uno cada 18.

El derecho a la salud y la igualdad de las mujeres implica la derogación de leyes restrictivas sobre aborto, acceso a servicios de aborto seguro y prevención del aborto inseguro. Por ello exigimos la inmediata derogación del Protocolo de Aborto No Punible de Entre Ríos por ser violatorio del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y contrario a lo establecido por la Organización de Naciones Unidas que recientemente se pronunció a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dictaminando que la “criminalización del aborto y las barreras al acceso son violaciones a la obligación de respetar el derecho a la salud”. Tal derecho no puede ser obstaculizado por criterios impuestos por la cultura machista, la Iglesia, y las corporaciones: médicas y judiciales. En ese sentido exigimos el impulso en el Congreso Nacional de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la efectiva ejecución de la ley de Educación Sexual Integral.

Exigimos a los poderes del Estado que promuevan la equidad de género en todos sus ámbitos para erradicar el machismo patriarcal, origen de la violencia, de la trata, de los femicidios. ¡El machismo mata! ¡Ni una menos!

Siguen desapareciendo niñas y mujeres víctimas de trata todos los días, desamparadas del poder judicial y político. Es urgente y necesario el diseño de políticas públicas serias que involucren a todos los estamentos del Estado para prevenir este grave delito y comprometernos como sociedad porque sin clientes no hay trata.

¡Si la revolución será feminista o no será, entonces nuestra memoria será feminista o acabara cómplice!

De la misma manera, denunciamos el modelo de saqueo, despojo y contaminación que se impulsa desde el gobierno de Macri, que con su gabinete de gerentes de multinacionales le da grandes concesiones y quita de retenciones a los grandes proyectos extractivistas, como por ejemplo la Barrick Gold, que derrama cianuro en nuestros ríos. Esto, y la utilización de millones de litros de agrotóxicos y el avance de la técnica contaminante del fracking, lleva a una profunda crisis de las economías regionales debido al modelo agroexportador, el desmonte y el monocultivo.

Con relación a las causas por delitos de lesa humanidad hemos logrado avances durante este año, luego de la vergonzosa sentencia en la causa Área Paraná I, en la que el juez Leandro Ríos condenó a los imputados a penas bajísimas en relación a la gravedad y cantidad de delitos cometidos por los represores, permitiendo que tres de los siete genocidas salieran en libertad. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en su papel de órgano revisor, revirtió esa injusta sentencia: elevó las penas a los genocidas, valoró los valientes testimonios de los compañeros y compañeras sobrevivientes y reconoció, una vez más, que los hechos investigados sucedieron en el marco del segundo genocidio ocurrido en nuestra patria, afirmando así que el primero fue el exterminio de los pueblos originarios. Agregamos nosotros que el genocidio del siglo XIX, al igual que el de la década del 70 del siglo XX, fue llevado adelante por una clase dominante que ha sido la protagonista de las masacres más atroces de nuestro pueblo, siempre con el objetivo de eliminar las luchas de liberación.

Así, en la causa Área Paraná se condenó a los genocidas: Cosme Ignacio Marino Demonte a prisión perpetua, Jorge Humberto Appiani a 20 años de prisión, Alberto Rivas a 16 años de prisión, Oscar Ramón Obaid a 6, José Anselmo Appelhans a 16, Hugo Mario Moyano a 10 y Rosa Susana Bidinost a 8 años de prisión.

También celebramos la condena dictada contra el ex policía de la provincia Atilio Ricardo Céparo a 11 años de prisión efectiva, que fue juzgado y condenado por el Tribunal Oral Federal de Paraná. Pero volvemos a remarcar que el plan de exterminio tuvo muchas víctimas y muchos perpetradores que aún no están siendo ni siquiera investigados. Pedimos celeridad y sistematicidad en las investigaciones para dar con todos los responsables del terrorismo de Estado que actuaron en nuestra provincia.

Exigimos que ni un solo genocida quede impune. A nivel nacional se logró la condena de 737 genocidas en 11 años de juicios, sin embargo cerca de la mitad de los procesados aún continúa sin condena. De los 520 represores con causas abiertas, el 40% goza de arresto domiciliario. Por eso seguimos exigiendo que se aceleren los juicios, y expresamos nuestro categórico rechazo a la prisión domiciliaria. ¡Ni un solo genocida en las calles argentinas, cárcel común perpetua y efectiva!

De la misma manera reclamamos al Tribunal Oral Federal de Paraná que de una vez por todas designe fecha para la realización del juicio oral contra los médicos del Instituto Privado de Pediatría, Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, por considerarlos partícipes del entramado clandestino y perverso que resultó con la apropiación de Sabrina Gullino Valenzuela Negro y su hermano mellizo, luego de haber nacido durante el cautiverio de su madre Raquel Negro en las instalaciones del Hospital Militar de nuestra ciudad. Estos médicos, que conforman la pata civil de la dictadura, fueron los últimos en ver al Melli y les exigimos que nos digan ¡a dónde está! ¡a quién se lo entregaron! El Melli nos falta a todos, es un desaparecido con vida y no vamos para hasta encontrarlo.

También esperamos condena ejemplar para el represor José Darío Mazzafferi, torturador de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, quien estuvo prófugo de la justica durante cuatro años y que será juzgado en junio. Y demandamos avances urgentes en la causa Área Paraná II, donde se investiga la desaparición de Jorge Emilio Papetti, y de todas las causas que tiene en sus manos la Justicia Federal de Entre Ríos.

Y no nos cansaremos de exigir Juicio, Castigo y cárcel común para los genocidas, que el Poder Judicial tan adaptable no se sienta cómodo con este nuevo gobierno que intenta diezmar la lucha que durante cuarenta años han llevado a cabo los organismos de derechos humanos en condiciones mucho más adversas que éstas. En este sentido, exigimos cadena perpetua para el genocida Milani.

Seguimos reclamando con todas nuestras fuerzas la aparición de Jorge Julio López, dos veces desaparecido, y justicia efectiva para el asesinato de la compañera Silvia Suppo.

Seguimos exigiendo la apertura de todos los archivos de las FFAA, policías, y de Inteligencia. Son un insumo fundamental para avanzar en los juicios. Debemos garantizar que sea información pública para conocer el listado completo de civiles y militares que actuaron bajo la dictadura genocida, y evitar que sigan en funciones.

Este es un país con memoria, somos uno de los pueblos de América que más ha trabajado en mantener viva la presencia de los desaparecidos y el recuerdo de los horrores de nuestro pasado reciente, transmitiendo la construcción de organización y lucha, que tomamos como banderas todas las fuerzas del campo popular.

En un contexto nacional en el cual funcionarios del partido de gobierno se arrogan el derecho a poner en duda el número de compañeros detenidos desaparecidos, desde esta multisectorial no permitiremos retrocesos en los juicios, ni el vaciamiento de políticas de derechos humanos y acompañamiento a los testigos y víctimas. En este marco, pedimos al gobierno provincial que profundice las políticas de memoria, verdad y justicia e impulse las investigaciones.

Compañeros y compañeras: son tiempos de resistencia para las organizaciones populares y para el pueblo en su conjunto. Ante el ajuste, la entrega y la represión, ganar las calles es una obligación, con la que hoy estamos cumpliendo. Reafirmamos cada uno nuestras pertenencias y nuestras identidades, nuestras historias colectivas, nuestras banderas, y al mismo tiempo unimos fuerzas para frenar el avance de la derecha, que jaquea nuestras conquistas y amenaza nuestras luchas con más opresión.

A las Madres y Abuelas, a las y los H.I.J.O.S., a los y las sobrevivientes, a los y las familiares, expresamos nuestro eterno agradecimiento por los caminos que han abierto, por las luchas compartidas y los derechos conquistados, los que forman parte de la historia política, social y colectiva de nuestro país y de nuestra región.

Aquí está nuestro abrazo colectivo hacia ellos y ellas, que enfrentaron al terrorismo de Estado, miraron a la cara a los genocidas para exigir en aquellos tiempos oscuros aparición con vida y Nunca Más; y luego pelearon contra la impunidad sentenciando Ni Olvido Ni Perdón; Juicio y Castigo; cárcel común, perpetua y efectiva. Así tampoco ahora podrán doblegarnos los que buscan restaurar, con otros métodos, el mismo proyecto de la dictadura.

Levantemos bien alto las pancartas con los rostros de nuestros compañeros y compañeras desparecidos, hagamos nuestros sus sueños de liberación, sus ideas y sus prácticas solidarias, su coraje revolucionario.

Hagamos que su lucha no haya sido en vano. Que ellos y ellas vivan en cada militante que hace suyas las causas de nuestro pueblo.

¡Son 30.000!

¡Fue genocidio!

¡¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos

PRESENTES

AHORA Y SIEMPRE!!

Multisectorial de Derechos Humanos

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