La Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales.
El cierre del Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra) y los instrumentos médicos, entre otros.
Ante esta situación, la delegada de la ATE en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (sede Concepción del Uruguay), Sara Claret, advirtió sobre el cese de servicios claves de controles en la provincia. Además, denunció la falta de mantenimiento, salarios congelados y una creciente incertidumbre laboral.
A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados.
Como consecuencia, esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Asimismo, tiene consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas.
Ante la salida del INTI de estas funciones, se plantea la posibilidad de que organismos privados o instituciones externas asuman las tareas de regulación. Al respecto, Claret manifestó la postura de los trabajadores: “Estamos convencidos de que es un rol que debe cumplir el Estado. Al ser un privado quien realice la regulación, cabe preguntarse qué garantías se le darán al ciudadano en el proceso”.