Este miércoles ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos el proyecto de Reforma Previsional que ya cuenta con la sanción del Senado. Los distintos gremios acudieron a una reunión conjunta de comisiones y expusieron sus posturas sobre el proyecto oficialista.
ATE cuestionó el procedimiento del ejecutivo y destacó el proyecto de ley de creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (FISPER), una herramienta alternativa presentado formalmente en mayo de 2026 por la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional.
“Queremos hacer un llamado a la reflexión sobre la forma en que se están desarrollando estas instancias”, cuestionó Esteban Olarán, Secretario del Interior de ATE. “Fuimos convocados esta misma mañana, en un contexto en el que ya circulan versiones públicas que sostienen que las posibilidades de modificar el proyecto son escasas o directamente nulas. Eso termina desvirtuando el debate colectivo que esta Cámara debería garantizar”, señaló.
Olarán, criticó que el Gobierno no haya brindado información técnica que justifique la reforma. “Hasta el momento nadie ha podido responder con precisión qué va a cambiar en la Caja de Jubilaciones. No se explicó cuánto se reduciría el déficit, cuál es la proyección financiera a 10, 20 o 30 años, ni qué escenario previsional se pretende construir. Sin esos datos es muy difícil discutir seriamente una reforma de esta magnitud”, expuso.
El representante del Sindicato, planteó que la discusión debería orientarse a buscar fuentes alternativas de financiamiento antes que avanzar sobre el régimen previsional. Recordó que ATE ya había reclamado, tanto a la actual gestión como a la anterior, un debate sobre la estructura productiva de la provincia y propuso gravar a los sectores de mayor capacidad contributiva. Además, advirtió que Entre Ríos ya perdió más de 9.000 puestos de trabajo entre el sector público y el privado, por lo que consideró inconveniente adoptar medidas que profundicen el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.
Además, observó cuestiones de orden constitucional como el esquema de actualización del haber jubilatorio (artículo 41) y, especialmente, el desguace que se hace en cuanto a derechos jubilatorios en relación a la Ley 8281, sobre el régimen laboral previsional y especial para los trabajadores del sistema de salud mental.
Finalmente, defendió la Caja de Jubilaciones como una política de Estado y reclamó que cualquier reforma preserve los derechos adquiridos. Si bien reconoció la necesidad de abordar el déficit previsional, sostuvo que el Gobierno desestimó las propuestas alternativas presentadas por los gremios y reiteró la disposición del sindicato a seguir participando de una discusión que priorice soluciones estructurales sin trasladar el costo del equilibrio fiscal a los trabajadores activos y pasivos.